Tras la publicación en el BOE el pasado enero de 2015 de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, el PSOE ha presentado un recurso de inconstitucionalidad en cuanto a tres aspectos de la misma, que ha sido admitido a trámite por el TC:
– El más significativo es el concerniente a la compensación equitativa por copia privada. Antiguamente esta compensación era sufragada mediante el famoso «cánon por copia privada», al realizar compras de dispositivos de grabación. No obstante, hoy en día supone una partida más dentro de los Presupuestos Generales de Estado, lo que significa que, desde hace años, todos los contribuyentes pagan la mencionada compensación, realicen o no copias de obras protegidas por derechos de autor. Del mismo modo, la cantidad prevista en los Presupuestos no cubre en absoluto la compensación que se debería pagar a los autores de las obras que efectivamente se copian en el país durante el año (5 millones de euros, frente a los 115 millones que se recibían con el cánon).
– Se recurre asimismo el sistema de ventanilla única de entidades de gestión de derechos de autor, creado por primera vez con la última modificación de la Ley. Este sistema permite simplificar los trámites de pago por parte de los usuarios, que en la actualidad deben dirigirse a varias entidades que recaudan conforme a diferentes conceptos. A pesar de las facilidades que otorga este sistema, conforme a los recurrentes, el mismo supone un atentado contra el derecho de libre asociación.
– Por último, se ha recurrido el sistema de Arbitraje obligatorio establecido por la ley, para la resolución de conflictos entre usuarios y entidades de gestión. Según los recurrentes, las partes deberían tener derecho a decidir ante qué órgano, judicial o extrajudicial, exponer el litigio.